La trata de personas es un delito trasnacional de lesa
humanidad que viola los derechos humanos, y que mueve al menos 32 mil millones
de dólares anuales, situándose como el tercer negocio ilícito más lucrativo del
mundo por detrás del tráfico de drogas y armas. Se estima que 21 millones de
personas son víctimas de este delito, vendidas, transportadas, retenidas,
obligadas a trabajar y a prostituirse contra su voluntad.
Bolivia es uno de los cinco países de América Latina con
mayor índice de casos, considerado como país de origen, tránsito y destino de trata y tráfico de personas, cuyos fines son fundamentalmente la explotación
sexual, laboral y trata con fines de mendicidad forzada. Entre 2012 y mayo de 2016,
en Bolivia se reportaron 1.938 casos, con sólo 12 sentencias condenatorias, según
datos del Ministerio de Seguridad Ciudadana. Las cifras tienden a incrementarse
en la medida que aumenta el ritmo de denuncias, pero aun así, la tipificación errónea y
la ineficacia de los métodos de sistematización de datos, impide conocer el
alcance real del problema.
Ante la presencia innegable del delito en Bolivia, el Estado
Plurinacional suscribió el "Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar
la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños", que complementa La
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Trasnacional (Protocolo de Palermo, 2000), y aprobó en el año 2012 la Ley Nº263
Integral contra la Trata y el Tráfico de Personas. A pesar de este compromiso
normativo, pocos son los avances observados desde la aprobación de la ley, y
muchos las y los jóvenes desaparecidos que nunca regresaron a sus casas. Ni el
Consejo Plurinacional, ni las unidades especializadas de trata y tráfico de la Policía
y la Fiscalía han conseguido resolver el incremento de casos.
Aunque la experiencia advierte que nadie está a salvo de convertirse
en mercancía en manos de tratantes, la desigualdad social, la falta de
oportunidades educativas y de acceso a un empleo digno o la desestructuración
familiar son factores de riesgo, donde atreverse a soñar con una vida mejor
puede costar la integridad física, psicológica y mental de la persona,
reclutada como víctima invisible de los grupos criminales. Ser niña o mujer también
es un riesgo, ya que la trata afecta al género femenino de manera
desproporcionada, al igual que en los últimos años alarma la creciente demanda
de niñas, niños y adolescentes, que en América Latina representan el 33% del
total de víctimas de trata (Global Report on Trafficking in Persons UNODC, 2014). La
cultura de consumo impuesta por la globalización es caldo de cultivo para la comercialización
de cuerpos de mujer joven. La violencia ejercida sobre estos cuerpos explotados
y despojados de derechos, y sus efectos, revierte ya no sólo en las víctimas,
sino en su entorno familiar y social, truncando el proyecto de vida de las
personas.
Para denunciar estos hechos, prevenir el riesgo,
sensibilizar a la población y ofrecer un servicio integral de protección a las
personas que han conseguido salir de este infierno, celebramos los “Diálogos en
la Casa de España: Voces contra la Trata
de Personas” con motivo del 30 de julio, Día Mundial contra la Trata. Recordemos
que la prevención no pasa sólo por sensibilizar del problema, sino trabajar
juntos en el cambio social que acabe con los estereotipos y prácticas
culturales de desigualdad, y genere respeto
por los derechos humanos en armonía con la naturaleza, donde el lucro personal
no sea excusa para esclavizar a nadie.
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| La Razón |
